Una nueva arista del denominado Caso Convenios vuelve a complicar el panorama judicial de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi . Esta vez, la Fiscalía formalizó una investigación por presuntos delitos tributarios en contra de Polizzi, su expareja Sebastián Polanco y Matías Godoy, exrepresentante de la Otec Frumisal. La acción judicial se origina en una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la arista Fundación En Ti, la cual la Corte Suprema ordenó investigar de manera separada. Según el organismo, en 2023 se omitió el pago de más de $16 millones en impuestos derivados de las transferencias del Gobierno Regional del Biobío. Así lo detalló la fiscal María José Aguayo. Según recogió La Tercera, Aguayo precisó: “De manera maliciosa, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el Formulario 22, correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024 de la sociedad indicada, pese a que esta facturó operaciones por un total de $168 millones durante el ejercicio comercial del año 2023”. La defensa de Polizzi, liderada por el abogado Francisco García, negó cualquier responsabilidad de su representada y adelantó que ese será el eje argumental en la audiencia de formalización. Sin embargo, esta versión choca con la postura de Matías Godoy. Su abogado, Hans Laurie, apuntó directamente a Polizzi y Polanco, asegurando que fueron ellos quienes administraron los 250 millones de pesos transferidos por el Gore a la fundación y a la Otec. Cabe recordar que el Ministerio Público ya había intentado incluir estos cargos en la investigación previa del Caso Convenios, aunque en ese momento no solicitó prisión preventiva. Ahora, esa medida cautelar vuelve a estar sobre la mesa, lo que podría endurecer el escenario judicial de la excandidata. La formalización, que se desarrollará en los próximos días, se perfila como un nuevo capítulo de tensión dentro del entramado del Caso Convenios. Fuente: Publimetro
La Cámara Baja rechazó el proyecto de resolución que solicitaba al Presidente Gabriel Boric presentar una iniciativa de ley para restablecer la pena de muerte en casos específicos. La propuesta fue presentada por el diputado independiente Enrique Lee, y en ella se proponía aplicar la pena capital “a quien, portando ilegalmente un arma de fuego y con el objeto de cometer otro ilícito, provoque la muerte de su víctima o de terceros que le presten socorro”. Así como también en aquellos casos en que “sin participar en los hechos se encuentren en las inmediaciones del lugar de comisión del ilícito”. En el texto, Lee expuso que a raíz de “la importación de modus operandis que dan cuenta de un desprecio total por la vida de las personas”, los delincuentes no dudan en “arrebatar la vida de las víctimas, o de quienes concurren en su auxilio, o se encuentran en las inmediaciones del lugar del ilícito. Es por esto que, enfatizó el congresista independiente, es indispensable “volver a instaurar la pena de muerte en Chile para este tipo de delitos”, ya que así se “desincentivará la comisión de los mismos o en su comisión de evitará el uso de armas de fuego de cualquier tipo”. “Reponer la pena de muerte para este tipo de delitos puede sonar fuerte, pero esta pena es tan fácil de evitar como no portando armas de forma ilegal”, añadió en su escrito. Por último, el parlamentario indicó que él “se hacía cargo de los fundamentos religiosos que impedirían aprobar un proyecto de este tipo, “no matar”, recordando que la omisión también trae consecuencias”. “Omitir una sanción penal disuasiva a un delito que causa diariamente muchas muertes en Chile, podría ser considerado incluso como complicidad de un Estado que se abstiene de aplicar medidas”, cerró. Así y todo, lo cierto es que la votación de esta resolución de proyecto consiguió 25 votos a favor, 74 en contra y 24 abstenciones. Fuente: BioBioChile
¿Sabías que hay 3 datos muy importantes que debes mencionar cuando llamas al 133 de Carabineros durante una emergencia? Acá te contamos los detalles. Dentro de los diferentes números telefónicos de emergencias de Chile, el asignado a Carabineros se utiliza más frecuentemente para denunciar robos, asaltos, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas y otros delitos. Lee también... Nueva convocatoria para los rezagados del Servicio Militar 2025: rebeldes arriesgan penas de cárcel Jueves 13 Marzo, 2025 | 13:28 Cuando una persona marca al 133, inmediatamente se activa un software que gestiona las llamadas y las deriva a la Central de Comunicaciones (Cenco) más cercana a su posición. Así, del otro lado de la línea, contestará una operadora que esté en mayor proximidad al eventual lugar donde están ocurriendo los hechos por denunciar. En total, Carabineros cuenta con 32 centrales en todo Chile, revela LUN, las cuales están presentes en todas las regiones , registrando al menos una de ellas por cada zona. Ciertos lugares , como la región Valparaíso , poseen hasta 4 , lo cual está dado por factores como la cantidad comunas e incidencias . Las 3 preguntas clave que debes responder en el 133 En esos instantes , en que una persona llama al número emergencias Carabineros para denunciar un acto delictual del cual es víctima o testigo , complejidad momento puede hacer que se vea sobrepasada por emociones le resulte dificultoso responder pauta preguntas. Lo cierto es respuestas pueden resultar muy valiosas para acción más ágil. De acuerdo citado medio, operadora Cenco tiene deber hacer tres preguntas específicas mismo orden. 1. ¿Cuál es su emergencia? 2. ¿Dónde vive? 3. ¿Cómo se llama? Las respuestas son traspasadas software cuyos datos vez recogidos persona cargo “despachador” coordina recursos envía unidades sitio emergencia. programa tanto ayuda geolocalización . Este trabajo coordinado continúa operadora quien luego obtener respuestas esas preguntas clave tiene obligación extender llamada hasta patrullas lleguen sitio suceso; recabando esos instantes mayor cantidad información posible. Fuente: BioBioChile
La parlamentaria Carla Morales (RN), manifestó su profunda preocupación por el creciente robo de medidores de agua en nuestra comunidad. En un oficio dirigido a las autoridades competentes –Superintendente de Servicios Sanitarios, Ministra del Interior y Subsecretaria de Prevención del Delito-, la legisladora solicitó medidas concretas para abordar esta problemática que afecta tanto la seguridad como la continuidad del servicio para los usuarios. El robo de medidores de agua se vincula en gran medida a la comercialización ilegal de sus partes, especialmente metales como bronce y cobre. Además, se ha observado la reutilización fraudulenta de estos dispositivos en conexiones clandestinas, lo que agrava la situación y pone en riesgo la seguridad del suministro de agua para la comunidad. Ante esta situación, la diputada por la Región de O’Higgins solicitó que informen y proporcionen detalles sobre las medidas implementadas para prevenir y sancionar el robo de medidores, la coordinación con empresas sanitarias para reforzar la seguridad y monitoreo de los dispositivos, la identificación de redes de comercialización de medidores robados y acciones tomadas al respecto. “Es fundamental que se tomen medidas concretas para combatir el robo de medidores, incluyendo sanciones efectivas para los responsables, campañas de concientización para la ciudadanía y la incorporación de tecnologías que dificulten el hurto y reventa de estos equipos. La pronta respuesta y acción por parte de las autoridades son clave para frenar la ocurrencia de este delito”, comentó Morales. Además, en el oficio se requirió información sobre los protocolos para la reposición rápida de medidores, registros estadísticos detallados sobre los robos en los últimos años desglosados por región y comuna, detenciones o condenas relacionadas con este delito y sanciones aplicadas, así como medidas de prevención para los usuarios y campañas de sensibilización relacionadas con el problema. Por último, se solicita información sobre la evaluación de la implementación de tecnologías o diseños alternativos de medidores que dificulten su robo o reventa, con el fin de abordar de manera integral esta problemática que afecta a la comunidad en general. Fuente: Publimetro
Una nueva arista del denominado Caso Convenios vuelve a complicar el panorama judicial de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi . Esta vez, la Fiscalía formalizó una investigación por presuntos delitos tributarios en contra de Polizzi, su expareja Sebastián Polanco y Matías Godoy, exrepresentante de la Otec Frumisal. La acción judicial se origina en una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de la arista Fundación En Ti, la cual la Corte Suprema ordenó investigar de manera separada. Según el organismo, en 2023 se omitió el pago de más de $16 millones en impuestos derivados de las transferencias del Gobierno Regional del Biobío. Así lo detalló la fiscal María José Aguayo. Según recogió La Tercera, Aguayo precisó: “De manera maliciosa, omitieron presentar ante el Servicio de Impuestos Internos el Formulario 22, correspondiente a la declaración anual de impuesto a la renta para el año tributario 2024 de la sociedad indicada, pese a que esta facturó operaciones por un total de $168 millones durante el ejercicio comercial del año 2023”. La defensa de Polizzi, liderada por el abogado Francisco García, negó cualquier responsabilidad de su representada y adelantó que ese será el eje argumental en la audiencia de formalización. Sin embargo, esta versión choca con la postura de Matías Godoy. Su abogado, Hans Laurie, apuntó directamente a Polizzi y Polanco, asegurando que fueron ellos quienes administraron los 250 millones de pesos transferidos por el Gore a la fundación y a la Otec. Cabe recordar que el Ministerio Público ya había intentado incluir estos cargos en la investigación previa del Caso Convenios, aunque en ese momento no solicitó prisión preventiva. Ahora, esa medida cautelar vuelve a estar sobre la mesa, lo que podría endurecer el escenario judicial de la excandidata. La formalización, que se desarrollará en los próximos días, se perfila como un nuevo capítulo de tensión dentro del entramado del Caso Convenios. Fuente: Publimetro
La Cámara Baja rechazó el proyecto de resolución que solicitaba al Presidente Gabriel Boric presentar una iniciativa de ley para restablecer la pena de muerte en casos específicos. La propuesta fue presentada por el diputado independiente Enrique Lee, y en ella se proponía aplicar la pena capital “a quien, portando ilegalmente un arma de fuego y con el objeto de cometer otro ilícito, provoque la muerte de su víctima o de terceros que le presten socorro”. Así como también en aquellos casos en que “sin participar en los hechos se encuentren en las inmediaciones del lugar de comisión del ilícito”. En el texto, Lee expuso que a raíz de “la importación de modus operandis que dan cuenta de un desprecio total por la vida de las personas”, los delincuentes no dudan en “arrebatar la vida de las víctimas, o de quienes concurren en su auxilio, o se encuentran en las inmediaciones del lugar del ilícito. Es por esto que, enfatizó el congresista independiente, es indispensable “volver a instaurar la pena de muerte en Chile para este tipo de delitos”, ya que así se “desincentivará la comisión de los mismos o en su comisión de evitará el uso de armas de fuego de cualquier tipo”. “Reponer la pena de muerte para este tipo de delitos puede sonar fuerte, pero esta pena es tan fácil de evitar como no portando armas de forma ilegal”, añadió en su escrito. Por último, el parlamentario indicó que él “se hacía cargo de los fundamentos religiosos que impedirían aprobar un proyecto de este tipo, “no matar”, recordando que la omisión también trae consecuencias”. “Omitir una sanción penal disuasiva a un delito que causa diariamente muchas muertes en Chile, podría ser considerado incluso como complicidad de un Estado que se abstiene de aplicar medidas”, cerró. Así y todo, lo cierto es que la votación de esta resolución de proyecto consiguió 25 votos a favor, 74 en contra y 24 abstenciones. Fuente: BioBioChile
¿Sabías que hay 3 datos muy importantes que debes mencionar cuando llamas al 133 de Carabineros durante una emergencia? Acá te contamos los detalles. Dentro de los diferentes números telefónicos de emergencias de Chile, el asignado a Carabineros se utiliza más frecuentemente para denunciar robos, asaltos, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas y otros delitos. Lee también... Nueva convocatoria para los rezagados del Servicio Militar 2025: rebeldes arriesgan penas de cárcel Jueves 13 Marzo, 2025 | 13:28 Cuando una persona marca al 133, inmediatamente se activa un software que gestiona las llamadas y las deriva a la Central de Comunicaciones (Cenco) más cercana a su posición. Así, del otro lado de la línea, contestará una operadora que esté en mayor proximidad al eventual lugar donde están ocurriendo los hechos por denunciar. En total, Carabineros cuenta con 32 centrales en todo Chile, revela LUN, las cuales están presentes en todas las regiones , registrando al menos una de ellas por cada zona. Ciertos lugares , como la región Valparaíso , poseen hasta 4 , lo cual está dado por factores como la cantidad comunas e incidencias . Las 3 preguntas clave que debes responder en el 133 En esos instantes , en que una persona llama al número emergencias Carabineros para denunciar un acto delictual del cual es víctima o testigo , complejidad momento puede hacer que se vea sobrepasada por emociones le resulte dificultoso responder pauta preguntas. Lo cierto es respuestas pueden resultar muy valiosas para acción más ágil. De acuerdo citado medio, operadora Cenco tiene deber hacer tres preguntas específicas mismo orden. 1. ¿Cuál es su emergencia? 2. ¿Dónde vive? 3. ¿Cómo se llama? Las respuestas son traspasadas software cuyos datos vez recogidos persona cargo “despachador” coordina recursos envía unidades sitio emergencia. programa tanto ayuda geolocalización . Este trabajo coordinado continúa operadora quien luego obtener respuestas esas preguntas clave tiene obligación extender llamada hasta patrullas lleguen sitio suceso; recabando esos instantes mayor cantidad información posible. Fuente: BioBioChile
La parlamentaria Carla Morales (RN), manifestó su profunda preocupación por el creciente robo de medidores de agua en nuestra comunidad. En un oficio dirigido a las autoridades competentes –Superintendente de Servicios Sanitarios, Ministra del Interior y Subsecretaria de Prevención del Delito-, la legisladora solicitó medidas concretas para abordar esta problemática que afecta tanto la seguridad como la continuidad del servicio para los usuarios. El robo de medidores de agua se vincula en gran medida a la comercialización ilegal de sus partes, especialmente metales como bronce y cobre. Además, se ha observado la reutilización fraudulenta de estos dispositivos en conexiones clandestinas, lo que agrava la situación y pone en riesgo la seguridad del suministro de agua para la comunidad. Ante esta situación, la diputada por la Región de O’Higgins solicitó que informen y proporcionen detalles sobre las medidas implementadas para prevenir y sancionar el robo de medidores, la coordinación con empresas sanitarias para reforzar la seguridad y monitoreo de los dispositivos, la identificación de redes de comercialización de medidores robados y acciones tomadas al respecto. “Es fundamental que se tomen medidas concretas para combatir el robo de medidores, incluyendo sanciones efectivas para los responsables, campañas de concientización para la ciudadanía y la incorporación de tecnologías que dificulten el hurto y reventa de estos equipos. La pronta respuesta y acción por parte de las autoridades son clave para frenar la ocurrencia de este delito”, comentó Morales. Además, en el oficio se requirió información sobre los protocolos para la reposición rápida de medidores, registros estadísticos detallados sobre los robos en los últimos años desglosados por región y comuna, detenciones o condenas relacionadas con este delito y sanciones aplicadas, así como medidas de prevención para los usuarios y campañas de sensibilización relacionadas con el problema. Por último, se solicita información sobre la evaluación de la implementación de tecnologías o diseños alternativos de medidores que dificulten su robo o reventa, con el fin de abordar de manera integral esta problemática que afecta a la comunidad en general. Fuente: Publimetro
